Posición del Frente Grande sobre el Impuesto al Cheque

VISTO

Que el Impuesto sobre los Débitos y Créditos Bancarios (IDCB) nace en plena crisis de la convertibilidad, bajo condición de transitoriedad y emergencia y que su vigencia se ha prolongado hasta el presente con vencimiento próximo en 2011.

Que su rasgo más relevante resulta su carácter regresivo, toda vez que se acumula a lo largo de toda la cadena productiva y de comercialización y las alícuotas (0,6 %) que gravan débitos y créditos bancarios, con muy contadas exenciones, no distinguen capacidad contributiva entre los contribuyentes; afectando por igual a empresas de muy distinto tenor y tamaño y resultan indiferentes, por ejemplo, entre un gran exportador y un trabajador independiente.

Que su contribución al financiamiento del estado argentino no es de modo alguno despreciable, representando aproximadamente un 8% de los ingresos tributarios por un monto de unos 24.000 millones de pesos de los cuales alrededor de 7.200 millones integran la masa de recursos a distribuir entre las provincias.

Que en los últimos años, las relaciones fiscales entre nación, provincias y la CABA se han complejizado siendo la coparticipación federal de impuestos sólo una de las fuentes de financiamiento que reciben las jurisdicciones; el Plan de Asistencia Financiera, con origen en las consecuencias de la crisis 2001 y las transferencias directas, son en el presente componentes relevantes del financiamiento subnacional.

Que el federalismo fiscal argentino viene evidenciando condiciones de agotamiento y fatiga prolongada que, en mucho, exceden a este gobierno nacional; siendo sus síntomas más destacados la disparidad entre las responsabilidades por el gasto, descentralizada en provincias y municipios y la concentración en la obtención de los recursos, en manos del gobierno federal; la baja o nula capacidad del sistema tributario para corregir y/o mitigar las brutales asimetrías que en materia de distribución del ingreso generan los mercados fuertemente concentrados existentes en el país y, por último, una distribución de recursos entre nación y provincias regida por situaciones de conveniencia o de hecho que no reflejan la condición relativa entre las distintas jurisdicciones del país.

Que sobre este último punto, es preciso recordar que los coeficientes que rigen la coparticipación federal de impuestos en la argentina y determinan la asignación de los recursos, tanto entre la nación y las provincias, como entre las provincias en si, se originaron a fines de los años 80 y no responden a criterios objetivos que permitan distinguir responsabilidades y necesidades objetivas entre las jurisdicciones.

Que aquellos coeficientes, aún con las modificaciones ulteriores, tienden a reproducir en materia de distribución regional del ingreso las condiciones preexistentes y las que se fueron gestando desde entonces, en el marco de las profundas transformaciones económicas, sociales e institucionales que vivió el país en las últimas décadas.

Que la Ciudad Autónoma logró un avance extraordinario al conseguir un porcentaje de participación en los recursos que se distribuyen entre las jurisdicciones (1,4%) en el año 2003, eliminando el sistema preexistente de asignación de suma fija.

Que, sin embargo, la Ciudad siempre manifestó que ese porcentaje no refleja la situación de la Ciudad.

Que en más de una oportunidad se ha señalado, desde muy distintos ámbitos, la necesidad de revisar el sistema que rige las relaciones fiscales entre la nación y las provincias.

Que sobre el particular existe un mandato constitucional incumplido, en tanto la cláusula transitoria sexta de la CNA manda sancionar antes de la finalización del año 1996 un régimen de coparticipación conforme lo dispuesto en el inciso 2 del art. 75 (que justamente establece los rasgos que deben tener los coeficientes mencionados).

Que este cuadro de situación se agudiza en el marco de la penuria fiscal que hoy afecta a muchas provincias como consecuencia del impacto de la fenomenal crisis internacional que sacude a los mercados del mundo.

Que el proyecto que se impulsa en el HCN para reformar la Ley del IDCB no cambia la situación de la Ciudad Autónoma, toda vez que remite a la distribución originaria prevista en la Ley 23548.

Que insistir en subsanar un problema de fondo con soluciones parciales, no harían más que agravar el problema que se pretende resolver y nos llevaría, de acá a poco, a enfrentar la misma situación.


Por todo ello RESOLVEMOS

Rechazar el proyecto de reforma del IDCB toda vez que no resuelve y agrava los problemas preexistentes, y

Promover una revisión profunda del sistema tributario argentino, del mecanismo de reasignación de recursos entre las jurisdicciones y de las instituciones encargadas de su administración; favoreciendo la incorporación de gravámenes personales y progresivos que atendiendo a la verdadera capacidad contributiva de cada uno reviertan la situación presente y cumplan el principio elemental de equidad; de modo que contribuyan en mayor medida quienes más ganan y tienen, se eliminen los privilegios y se graven de modo diferencial las ganancias y/o rentas extraordinarias, en un marco donde se federalicen las relaciones fiscales entre la nación y las provincias.

El Frente Grande de la Ciudad apoya la creación del Fondo del Bicentenario

El Frente Grande de la Ciudad apoya decididamente la creación del Fondo del Bicentenario y repudia firmemente la actitud del presidente del BCRA.

Apoyamos la creación del Fondo del Bicentenario porque en el actual contexto de crisis internacional, y a menos que se esté dispuesto a no pagar los compromisos asumidos, el uso de las reservas monetarias del país para garantizar el pago de la deuda constituye una medida acertada y consistente con un modelo de desarrollo productivo e inclusivo que supere la etapa neoliberal en el país.

Acertada porque brinda una fuente de financiamiento más económica que otras; consistente, porque permite disponer de los recursos necesarios para financiar las políticas públicas de desarrollo e inclusión social que se vienen impulsando desde el gobierno nacional.

Es muy cierto que en materia de financiamiento del sector público queda mucho por hacer, (la reforma tributaria, por ejemplo), pero también es cierto que los gobiernos K han evidenciado un manejo más que prudente y responsable de las finanzas públicas. En la época de auge y crecimiento garantizaron el superávit. En la crisis evitaron el default. Hicieron lo que ningún otro gobierno hizo en los últimos cuarenta años: alivianaron el peso de la deuda pública, mejoraron sensiblemente la capacidad de autofinanciamiento del estado y ampliaron las reservas en divisas. Los anuncios de insolvencia fiscal y default que los detractores del gobierno anuncian año a año, se han visto frustrados por este manejo prudente de las finanzas del estado .Y nuevamente se verán frustrados este año.

Repudiamos la actitud del Presidente del BCRA porque expresa la resistencia del modelo neoliberal a las políticas alternativas y populares que impulsa el gobierno nacional. Tras argumentos leguleyos y pretendidamente racionales, encubre una férrea defensa de una de las creaciones más nefastas del neoliberalismo argentino, el Banco Central pretendidamente independiente y reducido a preservar el valor de la moneda. Cuestiona, por pretendidamente inflacionarias, las políticas de defensa del empleo y sostén de la actividad económica, y sin cortapisas defiende las políticas de ajuste y endeudamiento que nos llevaron a la situación de humillación y sufrimiento de la que hoy intentamos salir con un enorme esfuerzo todos los argentinos.

Es inconcebible, pero no sorprendente tratándose de un funcionario que históricamente hizo gala de su ideología ligada al interés del sector financiero, que pretenda perpetuarse en el cargo con tamaño nivel de disidencia con las políticas del gobierno.

Es hora que el gobierno reflexione sobre la evidencia reiterada de que la oposición de derecha no está sólo en las bancas del Congreso o en algunas Provincias, también ocupa los despachos oficiales. Cambiar a Pérez Redrado por Blejer es insistir en darle a la oposición de derecha un lugar en el gobierno. A no quejarse luego.

Es hora también de entender que más allá de los funcionarios que puedan ocupar la Presidencia del BCRA, se hace imprescindible impulsar una profunda reforma institucional que devuelva esa institución al servicio de una política económica consistente con la mejora permanente del bienestar del pueblo argentino.