Exportación y tributación: Dos a quererse (o no)

Por Alejandro Otero, experto en temas tributarios
politica@miradasalsur.com

El incumplimiento tributario a lo largo de las cadenas de valor de los exportables argentinos no es nuevo. La brecha entre la capacidad de pago y la tributación efectiva en estos sectores fue históricamente importante. Agricultura, ganadería, hidrocarburos, minería y pesca, entre otros, han sabido generar condiciones favorables para evitar el poder del fisco. La irrelevante recaudación del inmobiliario, la informalidad laboral, el enanismo fiscal, el trato generoso de las normas y el ocultamiento liso y llano de operaciones son fenómenos muy conocidos y de larga data en el país, que muy recientemente han comenzado a enfrentarse de modo metódico y sistemático. En este marco, los grandes operadores del comercio exterior merecen un párrafo aparte y generan un fenómeno cuyas consecuencias exceden el caso argentino.

En el marco de la globalización y la multiplicación de los paraísos fiscales, la capacidad para fugar del poder tributario de estos actores se ha potenciado. Muy acertadamente la presidenta CFK ha impulsado en el G-20 la necesidad de combatir los paraísos fiscales. Porque sin ellos esta capacidad pierde un aliado esencial. En el mismo sentido y en los últimos foros internacionales, el jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, ha planteado el desafío que los “contribuyentes globales” imponen a la administración tributaria.Prácticas cada vez más extendidas en el marco de la globalización y la fenomenal concentración económica mundial, como el comercio intraempresa, la triangulación de operaciones y la localización planeada de bases y hechos imponibles en jurisdicciones de baja o menor tributación relativa complejizan el accionar del fisco y generan fenomenales excedentes financieros que evitan la fiscalidad internacional y agravan, aún más, las brutales asimetrías que genera el capitalismo global.

Se trata de actores que operan a escala mundial con estrategias de planeamiento fiscal sofisticadas, que transitan con habilidad los bordes difusos de las normas tributarias y que condensan un enorme poder de lobby, frente a Estados que controlan a escala nacional y no siempre con la voluntad política que demanda enfrentar el problema.Esta diferencia de escala es crucial. Un dato: investigaciones recientes evidencian que, en el mundo y en América latina y contrariamente a lo que se suele difundir y sostener, la mayor parte de los flujos financieros ilícitos y globales proviene de operaciones comerciales. Es decir no se originan mayoritariamente en la corrupción estatal o en las actividades criminales, que obviamente generan una parte de estos flujos, sino en transacciones que se gestan mediante el forzamiento de las situaciones imperantes, por ejemplo, a través de maniobras de sobre o subfacturación o del abuso en los llamados “precios de transferencia”.

En este marco, es preciso considerar que las mejoras que se logren a nivel nacional y regional son indispensables y, también, que existe una dimensión sistémica global del problema que demanda una mirada diferente de estos actores desde el poder tributario.Estamos en los albores de la gestación de un nuevo paradigma en la visión del comercio mundial y los flujos financieros internacionales y sus consecuencias fiscales. En principio es necesario superar el dogma liberal que desaconseja gravar las exportaciones, que suele operar como mal disimulado telón de fondo legitimador de estas prácticas nocivas.

La construcción de una red global de administraciones tributarias tejida en base a acuerdos efectivos de intercambio de información (puntuales y masivos) es una paso imprescindible en el que nuestro país es pionero. La generación de una instancia global de coordinación fiscal es otro.

Un paso un poco más audaz tal vez requiera repensar a estos actores económicos que son, además, fenomenales operadores de bienes esenciales para el desarrollo humano, propagadores de empleo directo e indirecto a gran escala, potenciales dinamizadores de la inversión y generadores de bases tributarias indispensables para el sostenimiento del estado moderno. Todas cuestiones demasiado relevantes para estar sujetos formalmente casi al mismo trato que un contribuyente menor que opera su negocio y es asesorado por el contador del barrio. ¿No le parece?.

Publicado en Miradas al Sur el Sábado 6 de noviembre.

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“Impuestazo y endeudamiento: clásico macrista de primavera”

Por Alejandro Otero Ex director de Rentas de la CABA.

Macri no disimuló su neoliberalismo tardío. Y con las finanzas de la Ciudad menos. Siempre ofrece el mismo trago amargo: impuestazo y endeudamiento. El ABL primero y luego las patentes, los consumos por vía de ingresos brutos y la ampliación del impuesto de sellos. Para 2011, insiste con aumentar el ABL en un contexto dónde la recaudación aumenta por el crecimiento económico y la inflación. No impulsó una sola medida progresista en materia de financiamiento. Así, castigando los bolsillos porteños, los ingresos no dejaron de crecer. Hoy, con los 25.400 millones previstos para 2011, el PRO dispone del presupuesto más alto de la historia de la Ciudad. En paralelo, la deuda no dejó de crecer. Hoy supera los 5 mil millones y pretende otra autorización para endeudarse en 2011 por 2000 millones. Todo sin ver mejoras. Escuelas colapsadas y ni un kilómetro más de subte. Salvo esas vereditas coquetas y los carriles especiales para ciclistas.

Este cuadro regresivo, que beneficia a contratistas y proveedores “amigos”, se completa con subejecución del gasto social e implica una gran transferencia de recursos desde los sectores populares hacia los más concentrados. La política de impuestazo y endeudamiento expresa la más rancia práctica del neoliberalismo, que cacarea a favor de equilibrio fiscal y hunde en el desfinanciamiento al Estado para postrarlo en el yugo de la deuda, limitar su autonomía y deslegitimarlo. Los porteños son quienes pagan la cuenta. Mientras la deuda crece, crece también el esfuerzo para pagarla y las ganancias de los bancos que prestan y los mediadores de la colocación de la deuda. Pocos ganan y muchos pierden. Su gestión es cara, pero peor.

Publicado en Tiempo Argentino el sábado 6 de noviembre.
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La cuestión del Estado

Por Alejandro Otero *

La crisis global va dando lugar a una recomposición sistémica que dista mucho de acercarse siquiera a las entusiastas esperanzas de reforma del capitalismo financiero que se desataron en sus inicios. Con los primeros estertores de las hipotecas de baja calidad y con el colapso de algunos de los gigantes del mercado, muchas voces clamaban por nuevas formas de regulación y coordinación internacional del capital financiero. Se miraba al FMI como uno de los grandes responsables del desastre y los foros de mandatarios internacionales (G-20) debatían posibles nuevos rumbos. El Estado volvía a ser visto como parte de la solución. Hasta la tasa Tobin comenzó a ser considerada. Sin embargo, algunos advertían que las formas de intervención que empezaban a insinuarse no necesariamente eran virtuosas. Que podían no conducir a una nueva articulación progresista entre Estado y mercado. Que, por el contrario, podían incubar una recomposición de esa articulación en condiciones semejantes a la preexistente con un mayor nivel de concentración económica, desigualdad social e inestabilidad creciente. Se asiste hoy a una inversión de términos. La crítica a los mercados ha sido sustituida por una nueva cantinela disciplinadora, orientada a disminuir las coberturas sociales, reducir el gasto público, asegurar el alivio fiscal del capital y desentenderse del nivel de empleo. Grecia, España, Portugal e Islandia encabezan el experimento. La crisis una vez más se desnuda como instrumento de disciplinamiento social y los avances en la calidad de vida de los sectores populares se ven amenazados por la contraofensiva de quienes a despecho de cualquier idea de progreso desplazan sobre los más débiles los costos de su propio accionar.

Una vez más, el Estado se encarga de socializar los costos del desatino de los actores del mercado.

Nuestras experiencias latinoamericanas de confrontación y superación del neoliberalismo, con sus más y sus menos, perseveran y resisten en favor de recuperar una mayor autonomía del Estado en el diseño y conducción de la política económica. Evitando el camino del ajuste, nuestras experiencias preservan una esperanza para la política como vehículo útil hacia una vida mejor.

En ese contexto, entre las contradicciones manifiestas del proceso político social que vive la Argentina se destaca la ausencia de una construcción política acorde con las políticas de transformación y superación de la era neoliberal que se vienen impulsando. De modo menos evidente se hace notar la demora en la generación de un Estado consistente con el nuevo modelo de acumulación que se viene intentando gestar. Sin dudas, una y otra cuestión, construcción política y adecuación del Estado, pueden ser vistas como dos caras de una misma moneda. La reciente crisis por el uso de las reservas puso una vez más sobre el tapete la necesidad de contar con competencias, cuadros políticos técnicos y articulaciones sociales e institucionales capaces de viabilizar políticas contrarias al legado neoliberal.

En los tempranos ’90, la arremetida neoconservadora introdujo un concepto de reforma del Estado que rápidamente tornó en hechos: privatización, desregulación, alivio fiscal al capital, retiros voluntarios y descentralización resultaron las vías de esta reforma. La misma implicó la adaptación pasiva del Estado a las nuevas condiciones de la acumulación capitalista. Sus resultados son más conocidos en términos macroeconómicos que en materia de capacidad de gestión estatal. De hecho, es notorio y ampliamente difundido el aumento de la concentración del capital, la transnacionalización de la economía, la “primarización” de la actividad económica, la expansión inédita del desempleo, la pobreza y la exclusión de las mayorías populares que acompañaron estas reformas. Por su parte, las consecuencias de la pérdida de incumbencia en la economía, del desuso de la capacidad de regulación, del deterioro de la capacidad de gerenciamiento público y de la fragmentación de servicios estatales han sido menos consideradas. Sin embargo, al momento de “torcer” la inercia estatal de la década de 1990, a la hora de desafiar la pasividad del Estado frente al mercado, al requerir la capacidad de gestión de las organizaciones públicas, los resultados de aquellas reformas se manifiestan en todo su esplendor como eterno reaseguro para la continuidad de un tipo de acumulación que, necesariamente, demanda un Estado ausente. Existe la posibilidad de enfrentar con políticas públicas exitosas cuestiones pendientes como la inflación, la reforma del rol del Banco Central y la regulación del sistema financiero, la reforma tributaria, la integración en el Mercosur, entre otras.

La conformación del Estado actual, fundamentalmente su falta de hábito para problematizar y resolver los padecimientos de las mayorías populares por fuera de los paradigmas dominantes, constituye una debilidad relevante para acompañar políticas de sesgo progresista... El país parece necesitar, para asumir con oportunidades de éxito la tarea de revisar la distribución del ingreso, una transformación (o reforma) del Estado casi revolucionaria en condiciones no revolucionarias. He ahí la cuestión.

Un núcleo duro del legado neoliberal al interior del Estado se expresó en el Banco Central. Pero situaciones semejantes pueden encontrarse en distintas áreas del sector público. Ese núcleo duro, que en el límite suele operar como un verdadero cancerbero del neoliberalismo, se reproduce en varios de los países de la región y no se limita a un determinado marco legal. Se trata de una burocracia afín a un ideario conservador, con prácticas y competencias suficientes para retardar u obstruir cambios. Vencer ese núcleo duro implica algo más que intentar conducirlo.

De hecho, puede hasta resultar ingenuo pensar que el tema se resuelve posicionando al frente de estos organismos a una conducción comprometida con el proyecto nacional. Esa es una condición necesaria. Vencerlo supone asumir un plan de transformaciones que por lo general demandan tiempo y perseverancia. Cuanto antes empecemos, mejor.

Hoy se trata de incorporar las instituciones, los actores, las formas organizacionales y las competencias que permitan resolver las cuestiones actuales de acuerdo con los intereses de las mayorías populares en el marco del asentamiento sustentable de un modelo de desarrollo productivo con inclusión social. Una tarea indispensable en la defensa de las conquistas logradas al presente y las transformaciones pendientes a futuro

* Ex titular de Rentas de la Ciudad de Buenos Aires y presidente del Frente Grande - Capital.
Nota publicada en el suplemento Cash, de Página 12, el 23 de mayo de 2010.
Link a la nota: http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/cash/33-4347-2010-05-23.html

Posición del Frente Grande sobre el Impuesto al Cheque

VISTO

Que el Impuesto sobre los Débitos y Créditos Bancarios (IDCB) nace en plena crisis de la convertibilidad, bajo condición de transitoriedad y emergencia y que su vigencia se ha prolongado hasta el presente con vencimiento próximo en 2011.

Que su rasgo más relevante resulta su carácter regresivo, toda vez que se acumula a lo largo de toda la cadena productiva y de comercialización y las alícuotas (0,6 %) que gravan débitos y créditos bancarios, con muy contadas exenciones, no distinguen capacidad contributiva entre los contribuyentes; afectando por igual a empresas de muy distinto tenor y tamaño y resultan indiferentes, por ejemplo, entre un gran exportador y un trabajador independiente.

Que su contribución al financiamiento del estado argentino no es de modo alguno despreciable, representando aproximadamente un 8% de los ingresos tributarios por un monto de unos 24.000 millones de pesos de los cuales alrededor de 7.200 millones integran la masa de recursos a distribuir entre las provincias.

Que en los últimos años, las relaciones fiscales entre nación, provincias y la CABA se han complejizado siendo la coparticipación federal de impuestos sólo una de las fuentes de financiamiento que reciben las jurisdicciones; el Plan de Asistencia Financiera, con origen en las consecuencias de la crisis 2001 y las transferencias directas, son en el presente componentes relevantes del financiamiento subnacional.

Que el federalismo fiscal argentino viene evidenciando condiciones de agotamiento y fatiga prolongada que, en mucho, exceden a este gobierno nacional; siendo sus síntomas más destacados la disparidad entre las responsabilidades por el gasto, descentralizada en provincias y municipios y la concentración en la obtención de los recursos, en manos del gobierno federal; la baja o nula capacidad del sistema tributario para corregir y/o mitigar las brutales asimetrías que en materia de distribución del ingreso generan los mercados fuertemente concentrados existentes en el país y, por último, una distribución de recursos entre nación y provincias regida por situaciones de conveniencia o de hecho que no reflejan la condición relativa entre las distintas jurisdicciones del país.

Que sobre este último punto, es preciso recordar que los coeficientes que rigen la coparticipación federal de impuestos en la argentina y determinan la asignación de los recursos, tanto entre la nación y las provincias, como entre las provincias en si, se originaron a fines de los años 80 y no responden a criterios objetivos que permitan distinguir responsabilidades y necesidades objetivas entre las jurisdicciones.

Que aquellos coeficientes, aún con las modificaciones ulteriores, tienden a reproducir en materia de distribución regional del ingreso las condiciones preexistentes y las que se fueron gestando desde entonces, en el marco de las profundas transformaciones económicas, sociales e institucionales que vivió el país en las últimas décadas.

Que la Ciudad Autónoma logró un avance extraordinario al conseguir un porcentaje de participación en los recursos que se distribuyen entre las jurisdicciones (1,4%) en el año 2003, eliminando el sistema preexistente de asignación de suma fija.

Que, sin embargo, la Ciudad siempre manifestó que ese porcentaje no refleja la situación de la Ciudad.

Que en más de una oportunidad se ha señalado, desde muy distintos ámbitos, la necesidad de revisar el sistema que rige las relaciones fiscales entre la nación y las provincias.

Que sobre el particular existe un mandato constitucional incumplido, en tanto la cláusula transitoria sexta de la CNA manda sancionar antes de la finalización del año 1996 un régimen de coparticipación conforme lo dispuesto en el inciso 2 del art. 75 (que justamente establece los rasgos que deben tener los coeficientes mencionados).

Que este cuadro de situación se agudiza en el marco de la penuria fiscal que hoy afecta a muchas provincias como consecuencia del impacto de la fenomenal crisis internacional que sacude a los mercados del mundo.

Que el proyecto que se impulsa en el HCN para reformar la Ley del IDCB no cambia la situación de la Ciudad Autónoma, toda vez que remite a la distribución originaria prevista en la Ley 23548.

Que insistir en subsanar un problema de fondo con soluciones parciales, no harían más que agravar el problema que se pretende resolver y nos llevaría, de acá a poco, a enfrentar la misma situación.


Por todo ello RESOLVEMOS

Rechazar el proyecto de reforma del IDCB toda vez que no resuelve y agrava los problemas preexistentes, y

Promover una revisión profunda del sistema tributario argentino, del mecanismo de reasignación de recursos entre las jurisdicciones y de las instituciones encargadas de su administración; favoreciendo la incorporación de gravámenes personales y progresivos que atendiendo a la verdadera capacidad contributiva de cada uno reviertan la situación presente y cumplan el principio elemental de equidad; de modo que contribuyan en mayor medida quienes más ganan y tienen, se eliminen los privilegios y se graven de modo diferencial las ganancias y/o rentas extraordinarias, en un marco donde se federalicen las relaciones fiscales entre la nación y las provincias.

La coparticipación del impuesto al cheque, la reforma tributaria en la Ciudad y un clásico de primavera que llega en otoño

I.

La discusión sobre la coparticipación del impuesto al cheque brinda una buena oportunidad para revisar algunas de las falencias del federalismo fiscal argentino y, en particular, sobre la posición que hoy tiene la Ciudad en la distribución de los fondos coparticipables(1).

Esa oportunidad no se aprovecha en ninguna de las dos posturas más difundidas. Veamos.

Por un lado, los neoliberales van a cuestionar la ampliación de la coparticipación del tributo sobre los débitos y créditos bancarios alarmados porque esa situación lo torna más estable en el sistema tributario argentino. Y no se equivocan. En efecto, una vez que pase a conformar el esquema de financiamiento habitual de las provincias en grado relevante, la remoción del impuesto al cheque, que siempre promovieron, se torna más lejana y menos probable.

Recordemos que este impuesto nace en plena crisis de la convertibilidad, bajo condición de transitoriedad y emergencia y que ha sido siempre cuestionado por su carácter “distorsivo” y regresivo.

Por otro lado, el pragmatismo de las gobernaciones provinciales, urgidas de recursos y con fuertes limitaciones para expandir la capacidad recaudatoria de los sistemas tributarios locales, busca en la reasignación de los recursos entre Nación y Provincias un alivio a las presiones políticas y sociales que enfrentan. De ahí la iniciativa que promueven, a favor de ampliar la cuota que les corresponde a las Provincias y distribuirla en función de los coeficientes que hoy rigen el reparto entre ellas.

Aún cuando supongamos que la Ciudad queda incluida en esta propuesta, situación que no está clara, la cuestión merece mirarse desde otro lugar.


II.

La Ciudad obtuvo un progreso extraordinario cuando en el marco del inicio de la recuperación económica del país, logró sustituir los ingresos fijos que le giraba la


Nación por un porcentaje (1,4%) de la masa coparticipable (2). De ese modo la Ciudad, al igual que todas las jurisdicciones, se benefició recibiendo más recursos con el constante incremento de la recaudación tributaria que se verifica desde entonces.

Sin embargo, la Ciudad dejó siempre en claro que ese porcentaje no expresaba la relación existente entre el esfuerzo que su actividad económica aporta a la constitución de la masa coparticipable y lo que apropia. Otras jurisdicciones, como la Pcia. de Bs. As., tienen planteos similares y la cuestión viene irresuelta desde hace mucho tiempo.

Además a la Ciudad se le responde con el hecho de que no financia gastos que sí financian otras jurisdicciones (seguridad, justicia….) y recibe por vía directa mantenimiento de infraestructura que en otras partes del país no llega de ese modo.

Es decir, subsiste un debate sobre cuál es la justa relación entre aportes y asignaciones que le corresponde a la Ciudad Autónoma.

Lógicamente, en el marco de las brutales asimetrías que en materia de distribución regional del ingreso tiene el país, no es sensato postular que exista una correspondencia estricta entre los aportes a la masa distribuible y la porción que cada uno apropia. Por razones de solidaridad, quienes están en mejor condición de contribuir deben hacer un esfuerzo mayor y recibirán menos de lo que aportan. La cuestión es la brecha.

Se estima que la Ciudad aporta no menos del 25% de la masa coparticipable. No es lógico que reciba en la misma proporción, tampoco lo es que reciba tan poco.


III.

¿Por qué esto sucede? La cuestión es compleja y excede este trabajo, pero básicamente ocurre porque los coeficientes que distribuyen los fondos son fijos y expresan una solución de compromiso, lograda a fines de los 80 y en el marco de una supuesta transitoriedad del sistema, que con leves modificaciones se mantiene hasta el presente.

Cuando decimos que los coeficientes son fijos decimos que no varían ante cambios en la condición relativa de las jurisdicciones; es decir si una región mejora y otra no, esto no altera la proporción en que se reciben los recursos (3). Y cuando decimos que expresan una solución de compromiso decimos que fue el punto de equilibrio entre los acuerdos y las posibilidades que brindó el momento histórico en que se estableció.

En este marco, ¿por qué no plantear desde la Ciudad una revisión de los porcentajes de distribución que se acerque más a un sistema de coeficientes móviles en base a parámetros que permitan establecer la medida en que cada jurisdicción aporta y tiene obligaciones que financiar?

Dicho de otro modo, ya que se piensa ampliar la coparticipación de un ingreso, ¿por qué no lo coparticipamos de un modo distinto, más cercano a los esfuerzos y obligaciones que asume cada jurisdicción?


IV.

En estos días, el gobierno de la Ciudad vuelve a plantear el problema de falta de recursos. Reimpulsa el endeudamiento con nuevas licitaciones de Títulos y promueve un nuevo impuestazo inmobiliario que busca legitimar en una Comisión de Reforma Tributaria.

Lo hemos dicho muchas veces, Macri no enfrenta un problema de falta de recursos, tiene el presupuesto más alto de la historia y viene endeudando a la Ciudad a paso firma. Macri tiene un problema de gestión.

Su incapacidad para la gestión no se resuelve con más plata. Requiere otra cosa que Macri no va a hacer. Requiere enfrentar a las Corporaciones que han hecho del estado de la Ciudad un estado cautivo a su medida y a costa de los vecinos.

No se ilusionen con la gestión de la Ciudad, la gran Macri (Cara pero peor) no va a modificarse.

Sin embargo, cualquier propuesta de reforma tributaria en la Ciudad amplia sus límites y horizontes si cambia la Coparticipación federal de impuestos. Plantear el lugar que le corresponde a la Ciudad en la distribución de los fondos federales parece una mejor forma de defender el bolsillo de los porteños que la combinación de impuestazo con endeudamiento a que nos tiene acostumbrados el jefe de gobierno en cada primavera desde el 2006, y que esta vez anticipó al otoño.

(1) Este escrito pretende brindar elementos para la discusión política en la coyuntura. Es preciso aclarar que estamos convencidos que la revisión del federalismo fiscal argentino requiere ir más allá de la coparticipación federal de impuestos. Es preciso mirar la sustentabilidad fiscal del estado en su conjunto y los institutos que hacen a ella. De hecho, contra las ideas dominantes, pensamos que el fortalecimiento del federalismo fiscal no pasa ya por la coparticipación.
(2) La Ciudad logró ese porcentaje “a costa” de la porción que corresponde a la Nación, o sea no ingresa a la coparticipación secundaria impuestos.
(3) Nótese que, por ejemplo, no habían avanzado las privatizaciones, la tan comentada cuestión minera aún no había explotado ni se prefiguraba como posible fuente de financiamiento estatal, ni se había federalizado el subsuelo. Situaciones todas estas que cambiaron las potencialidades de financiamiento subnacionales y la condición relativa de muchas provincias.

El Frente Grande de la Ciudad apoya la creación del Fondo del Bicentenario

El Frente Grande de la Ciudad apoya decididamente la creación del Fondo del Bicentenario y repudia firmemente la actitud del presidente del BCRA.

Apoyamos la creación del Fondo del Bicentenario porque en el actual contexto de crisis internacional, y a menos que se esté dispuesto a no pagar los compromisos asumidos, el uso de las reservas monetarias del país para garantizar el pago de la deuda constituye una medida acertada y consistente con un modelo de desarrollo productivo e inclusivo que supere la etapa neoliberal en el país.

Acertada porque brinda una fuente de financiamiento más económica que otras; consistente, porque permite disponer de los recursos necesarios para financiar las políticas públicas de desarrollo e inclusión social que se vienen impulsando desde el gobierno nacional.

Es muy cierto que en materia de financiamiento del sector público queda mucho por hacer, (la reforma tributaria, por ejemplo), pero también es cierto que los gobiernos K han evidenciado un manejo más que prudente y responsable de las finanzas públicas. En la época de auge y crecimiento garantizaron el superávit. En la crisis evitaron el default. Hicieron lo que ningún otro gobierno hizo en los últimos cuarenta años: alivianaron el peso de la deuda pública, mejoraron sensiblemente la capacidad de autofinanciamiento del estado y ampliaron las reservas en divisas. Los anuncios de insolvencia fiscal y default que los detractores del gobierno anuncian año a año, se han visto frustrados por este manejo prudente de las finanzas del estado .Y nuevamente se verán frustrados este año.

Repudiamos la actitud del Presidente del BCRA porque expresa la resistencia del modelo neoliberal a las políticas alternativas y populares que impulsa el gobierno nacional. Tras argumentos leguleyos y pretendidamente racionales, encubre una férrea defensa de una de las creaciones más nefastas del neoliberalismo argentino, el Banco Central pretendidamente independiente y reducido a preservar el valor de la moneda. Cuestiona, por pretendidamente inflacionarias, las políticas de defensa del empleo y sostén de la actividad económica, y sin cortapisas defiende las políticas de ajuste y endeudamiento que nos llevaron a la situación de humillación y sufrimiento de la que hoy intentamos salir con un enorme esfuerzo todos los argentinos.

Es inconcebible, pero no sorprendente tratándose de un funcionario que históricamente hizo gala de su ideología ligada al interés del sector financiero, que pretenda perpetuarse en el cargo con tamaño nivel de disidencia con las políticas del gobierno.

Es hora que el gobierno reflexione sobre la evidencia reiterada de que la oposición de derecha no está sólo en las bancas del Congreso o en algunas Provincias, también ocupa los despachos oficiales. Cambiar a Pérez Redrado por Blejer es insistir en darle a la oposición de derecha un lugar en el gobierno. A no quejarse luego.

Es hora también de entender que más allá de los funcionarios que puedan ocupar la Presidencia del BCRA, se hace imprescindible impulsar una profunda reforma institucional que devuelva esa institución al servicio de una política económica consistente con la mejora permanente del bienestar del pueblo argentino.