La discusión sobre la coparticipación del impuesto al cheque brinda una buena oportunidad para revisar algunas de las falencias del federalismo fiscal argentino y, en particular, sobre la posición que hoy tiene la Ciudad en la distribución de los fondos coparticipables(1).
Esa oportunidad no se aprovecha en ninguna de las dos posturas más difundidas. Veamos.
Por un lado, los neoliberales van a cuestionar la ampliación de la coparticipación del tributo sobre los débitos y créditos bancarios alarmados porque esa situación lo torna más estable en el sistema tributario argentino. Y no se equivocan. En efecto, una vez que pase a conformar el esquema de financiamiento habitual de las provincias en grado relevante, la remoción del impuesto al cheque, que siempre promovieron, se torna más lejana y menos probable.
Recordemos que este impuesto nace en plena crisis de la convertibilidad, bajo condición de transitoriedad y emergencia y que ha sido siempre cuestionado por su carácter “distorsivo” y regresivo.
Por otro lado, el pragmatismo de las gobernaciones provinciales, urgidas de recursos y con fuertes limitaciones para expandir la capacidad recaudatoria de los sistemas tributarios locales, busca en la reasignación de los recursos entre Nación y Provincias un alivio a las presiones políticas y sociales que enfrentan. De ahí la iniciativa que promueven, a favor de ampliar la cuota que les corresponde a las Provincias y distribuirla en función de los coeficientes que hoy rigen el reparto entre ellas.
Aún cuando supongamos que la Ciudad queda incluida en esta propuesta, situación que no está clara, la cuestión merece mirarse desde otro lugar.
II.
La Ciudad obtuvo un progreso extraordinario cuando en el marco del inicio de la recuperación económica del país, logró sustituir los ingresos fijos que le giraba la
Nación por un porcentaje (1,4%) de la masa coparticipable (2). De ese modo la Ciudad, al igual que todas las jurisdicciones, se benefició recibiendo más recursos con el constante incremento de la recaudación tributaria que se verifica desde entonces.
Sin embargo, la Ciudad dejó siempre en claro que ese porcentaje no expresaba la relación existente entre el esfuerzo que su actividad económica aporta a la constitución de la masa coparticipable y lo que apropia. Otras jurisdicciones, como la Pcia. de Bs. As., tienen planteos similares y la cuestión viene irresuelta desde hace mucho tiempo.
Además a la Ciudad se le responde con el hecho de que no financia gastos que sí financian otras jurisdicciones (seguridad, justicia….) y recibe por vía directa mantenimiento de infraestructura que en otras partes del país no llega de ese modo.
Es decir, subsiste un debate sobre cuál es la justa relación entre aportes y asignaciones que le corresponde a la Ciudad Autónoma.
Lógicamente, en el marco de las brutales asimetrías que en materia de distribución regional del ingreso tiene el país, no es sensato postular que exista una correspondencia estricta entre los aportes a la masa distribuible y la porción que cada uno apropia. Por razones de solidaridad, quienes están en mejor condición de contribuir deben hacer un esfuerzo mayor y recibirán menos de lo que aportan. La cuestión es la brecha.
Se estima que la Ciudad aporta no menos del 25% de la masa coparticipable. No es lógico que reciba en la misma proporción, tampoco lo es que reciba tan poco.
III.
¿Por qué esto sucede? La cuestión es compleja y excede este trabajo, pero básicamente ocurre porque los coeficientes que distribuyen los fondos son fijos y expresan una solución de compromiso, lograda a fines de los 80 y en el marco de una supuesta transitoriedad del sistema, que con leves modificaciones se mantiene hasta el presente.
Cuando decimos que los coeficientes son fijos decimos que no varían ante cambios en la condición relativa de las jurisdicciones; es decir si una región mejora y otra no, esto no altera la proporción en que se reciben los recursos (3). Y cuando decimos que expresan una solución de compromiso decimos que fue el punto de equilibrio entre los acuerdos y las posibilidades que brindó el momento histórico en que se estableció.
En este marco, ¿por qué no plantear desde la Ciudad una revisión de los porcentajes de distribución que se acerque más a un sistema de coeficientes móviles en base a parámetros que permitan establecer la medida en que cada jurisdicción aporta y tiene obligaciones que financiar?
Dicho de otro modo, ya que se piensa ampliar la coparticipación de un ingreso, ¿por qué no lo coparticipamos de un modo distinto, más cercano a los esfuerzos y obligaciones que asume cada jurisdicción?
IV.
En estos días, el gobierno de la Ciudad vuelve a plantear el problema de falta de recursos. Reimpulsa el endeudamiento con nuevas licitaciones de Títulos y promueve un nuevo impuestazo inmobiliario que busca legitimar en una Comisión de Reforma Tributaria.
Lo hemos dicho muchas veces, Macri no enfrenta un problema de falta de recursos, tiene el presupuesto más alto de la historia y viene endeudando a la Ciudad a paso firma. Macri tiene un problema de gestión.
Su incapacidad para la gestión no se resuelve con más plata. Requiere otra cosa que Macri no va a hacer. Requiere enfrentar a las Corporaciones que han hecho del estado de la Ciudad un estado cautivo a su medida y a costa de los vecinos.
No se ilusionen con la gestión de la Ciudad, la gran Macri (Cara pero peor) no va a modificarse.
Sin embargo, cualquier propuesta de reforma tributaria en la Ciudad amplia sus límites y horizontes si cambia la Coparticipación federal de impuestos. Plantear el lugar que le corresponde a la Ciudad en la distribución de los fondos federales parece una mejor forma de defender el bolsillo de los porteños que la combinación de impuestazo con endeudamiento a que nos tiene acostumbrados el jefe de gobierno en cada primavera desde el 2006, y que esta vez anticipó al otoño.
(1) Este escrito pretende brindar elementos para la discusión política en la coyuntura. Es preciso aclarar que estamos convencidos que la revisión del federalismo fiscal argentino requiere ir más allá de la coparticipación federal de impuestos. Es preciso mirar la sustentabilidad fiscal del estado en su conjunto y los institutos que hacen a ella. De hecho, contra las ideas dominantes, pensamos que el fortalecimiento del federalismo fiscal no pasa ya por la coparticipación.
(2)
(3) Nótese que, por ejemplo, no habían avanzado las privatizaciones, la tan comentada cuestión minera aún no había explotado ni se prefiguraba como posible fuente de financiamiento estatal, ni se había federalizado el subsuelo. Situaciones todas estas que cambiaron las potencialidades de financiamiento subnacionales y la condición relativa de muchas provincias.
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