El reciente incremento en el porcentaje de
recursos que le corresponden a la
CABA sobre la recaudación a cargo de la Nación , dispuesto por decreto
presidencial y que eleva la tasa del 1,4 al 3,7%, reedita la cuestión de la
relación financiera entre el estado nacional y las provincias. Este tema se
reinstaló con fuerza a partir del fallo de la CSJN de diciembre último, en el que se dispuso el
cese de la afectación de fondos coparticipables destinados desde la década del ‘90
al financiamiento del Anses y su devolución a tres provincias. La cuestión,
sin dudas, forma parte de la más postergada agenda del país.
Baste solo recordar que la Cláusula Transitoria Sexta de la CNA mandó sancionar una nueva ley de coparticipación antes del 31/12/96 y sigue incumplida.
Sin embargo, la medida no enfrenta el tema y reitera
la “solución tipo parche” ante problemas de fondo que más temprano que tarde
reedita el problema que se pretende resolver. En efecto, una vez más la cuestión
tiende a centrarse en la puja por los recursos antes que en la discusión sobre
el federalismo argentino. Bien
hicieron notar desde el bloque del FPV que la Ciudad es el distrito más rico del país, cuenta con
el mayor nivel de autofinanciamiento y goza de otros beneficios (como los
subsidios a tarifas de servicios públicos por ejemplo) que otras jurisdicciones
no tienen. Sin dudas no es la
Ciudad el distrito prioritario del país para recibir más
recursos de la Nación. Pero el
tema es complejo y la asignación de más recursos a la Ciudad no puede ser tomada
como una mala noticia. ¿Por qué? ¿Cómo es esto?
En primer lugar, la CNA dispone en su artículo 75
que no hay traspaso de funciones sin su correspondiente financiamiento. Y dado el traspaso de la Policía Federal corresponde
transferir más recursos a la Ciudad. Pero bien hicieron notar
también nuestros diputados, la suma a transferir duplica al menos los recursos
que financian a la Federal. Se
estima que el costo de la
Federal ronda los $ 9.000 millones año. Y el nuevo porcentaje
le girará a la Ciudad
unos $ 19.000 millones en 2016.
Pero también existen otras razones para que la Ciudad obtenga más
recursos. En efecto, el porcentaje de 1,4% fue uno de los mayores progresos en
el financiamiento de la Ciudad Autónoma.
Hasta 2003 la Ciudad recibía una suma
fija por parte de la Nación. El
incremento de la recaudación nacional que comienza con la recuperación
económica tras la crisis de 2001 resultaba indiferente para la Ciudad. En concreto, los
porteños aportaban más pero recibían lo mismo. El acuerdo entre los gobiernos
de Aníbal Ibarra y Duhalde estableció ese porcentaje y la transferencia del
impuesto de Sellos. A partir de entonces la Ciudad se “asoció” a los incrementos de la
recaudación nacional. Sin embargo, la Ciudad nunca dejó de plantear la asimetría entre
los recursos que aporta y los que recibe. Naturalmente, la Ciudad es un distrito
llamado a aportar más de lo que recibe, dada su condición de distrito
relativamente más rico. La cuestión no es la asimetría entre lo que aporta y lo
que recibe la Ciudad. La
cuestión es el tamaño de la brecha. Similar en esto es la situación de la Pcia de Bs As. O incluso más
grave y más urgente.
Desde esa perspectiva, la asignación de un porcentaje mayor a la Ciudad repara y atiende una
vieja demanda de todos quienes pugnamos por la Ciudad Autónoma.
El
problema no es entonces la asignación de mayores recursos a la Ciudad a costa de los
recursos de la Nación
(y no de las Provincias como han confundido algunos, toda vez que el porcentaje
en cuestión aplica sobre la porción que corresponde al estado nacional y no
sobre la que compete a las provincias). El problema se presenta si una
vez más se evita discutir la cuestión que subyace: el agotamiento del
federalismo fiscal argentino. Es decir, la necesaria discusión sobre qué
federalismo queremos y cómo lo financiamos. Es en ese marco que conviene
situar la cuestión Capital. De lo contrario otra vez nos sometemos al tironeo
que se parece mucho al problema de la ”frazada corta”, cuando el país está en
condiciones de generar suficientes recursos para atender las necesidades de un
federalismo que promueva la igualdad de un piso de bienestar a lo largo y ancho
de todo el territorio.
Pero
se requiere tematizar algo más que la razonabilidad del reciente incremento de
la alícuota de la Capital. Se
requiere al menos plantear si vamos a avanzar en la centralización o no de la
recaudación o como vamos a avanzar hacia los coeficientes objetivos que manda la CNA para identificar la verdadera
condición de obligaciones, necesidades y capacidades de financiamiento con la
que cuenta cada jurisdicción. Debatir por fin de qué modo
vamos a gravar las rentas y de qué modo al resto de las manifestaciones de
riqueza, lo cual supone revisar el vetusto sistema tributario vigente.
De lo contrario y más allá de la entendible
disputa política, el federalismo decimonónico seguirá agonizando lentamente en
el siglo XXI, como empezó a hacerlo durante el último cuarto del siglo XX. No
hay nada que lamentar en ese deceso. El problema es que muera sin que nazca una
instancia superadora capaz de potenciar los impulsos democráticos y de progreso
que aún laten en el suelo argentino.
Alejandro Otero
Vicepresidente Frente Grande Capital
Vicepresidente Frente Grande Capital
CABA, 21 de enero de 2016
*Foto: Diálogo Digital
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